Tribunal: TSJ Andalucia Las disposiciones normativas mencionadas anteriormente, sin hacer una referencia expresa a la buena administración, resultan ser de obligatoria observancia para las autoridades públicas en el despliegue de sus funciones34. Excepcionalmente, estas motivaban sus decisiones justificando tal decisión en la potestad discrecional que se le había atribuido, es decir, podían realizarlo porque en su interpretación tenía la autoridad para hacerlo. Good Administration as a Fundamental Right. Recurso: 1013/2002, Orden: Administrativo Tal motivación no se reduce a un simple requisito formal3, sino que, por el contrario, resulta esencial para garantizar el ejercicio de las actuaciones procesales de las cuales toda persona es titular. También soy mediador de conflictos civiles y mercantiles. Más información sobre nuestra política de cookies, Los datos personales que nos facilite por este formulario pasarán a formar parte de una base de datos propiedad de Pactio Mediación SC. Es así como la elección entre la alternativa de soluciones posibles en el ejercicio discrecional de la Administración pública responde, al menos en un plano ideal, a un proceso lógico-argumentativo de una dirección normativa finalista. Tribunal: TSJ Andalucia Por último, la identificación de disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico colombiano nos lleva a afirmar que es posible exigir una motivación suficiente a las autoridades administrativas. Que un juez revise el expediente garantiza mayor seguridad para que la sanción sea anulada, siempre que no se haya motivado correctamente la imposición de la sanción. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Una vez concebido el cambio de paradigma de la buena administración se ha podido otorgarle un alcance polivalente. debe valorarse en cada caso, que la falta de motivación quebró el orden interno de formación de voluntad de la administración, produciendo una quiebra o ruptura en los derechos de contradicción y defensa del interesado, o incidió en la posibilidad de control judicial (sentencia definitiva, referencia 201-r-2002 de las quince horas y cinco minutos … Actos discrecionales. Noticia 05-05-2015. derecho a que las decisiones de las administraciones públicas estén motivadas, en los supuestos establecidos legalmente, con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos jurídicos, con la identificación de las normas de aplicación y con la indicación del régimen de recursos que proceda. Palabras clave: buena administración, discrecionalidad, procedimiento administrativo, control judicial, decisiones administrativas. Tribunal: TSJ Madrid Viernes: 9-14 h. Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web. La falta de motivación no es difícil de apreciar, puesto que esta simplemente no existe, pero en cambio la falsa motivación es más compleja de identificar, por cuanto la Dian plantea unos argumentos jurídicos y fácticos que en principio pueden lucir ajustados a derecho. La Motivación como Derecho y Deber de la Administración . Y añade “en cualquier caso, si no fuera así, esto es, si la resolución administrativa impugnada no pudiera vulnerar el art. Se produce cuando la Administración no contesta a alguno de los actos administrativos que se le hayan . 999/2022 se refería a la motivación de la reforma, señalando: "7. El Constitucional afirma al respecto que el deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no se limita a las sanciones administrativas, pues “frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Núm. La falta de motivación suprime un elemento clave de control e impide verificar la adecuación a Derecho del acto administrativo. El artículo 35 expresó que "se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares", dejando por fuera de la exigencia de motivación a los actos administrativos de carácter general. Estos son, a grandes rasgos, los que debería tener en cuenta el funcionario público al momento de expedir el acto administrativo y justificar la decisión que este contiene. La existencia de facultades discrecionales de la Administración pública es una consecuencia inherente e inevitable de la misma actividad legislativa en un Estado de derecho40. Los países ibe-roamericanos. Aun así, en el procedimiento sancionador común, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 82 de la LPACAP, que regula el trámite de audiencia; que viene a ser el trámite de traslado y puesta de manifiesto del expediente, para su contestación. Evolución jurisprudencial. De la arbitrariedad de la administración. La evolución jurisprudencial del Consejo de Estado en Colombia no ha sido univoca. Atienza, Manuel. a propósito de la indefensión, la falta de motivación de un acto administrativo no tiene que implicar su apreciación pues la motivación cumple un triple fin: es un deber de cortesía y seriedad en la afirmación de voluntad de la administración, facilita el control jurisdiccional -se sabe por qué actuó la administración y cómo lo hizo- y, en lo que … El deber de motivar los actos administrativos desde una perspectiva comparada. Draft recommendation to the European institutions, bodies and agencies in the own initiative inquirí. El TEAR anuló las sanciones porque los funcionarios de Hacienda no habían motivado la culpabilidad en la comisión de las supuestas infracciones. La Abogacía del Estado señaló que tal medida no se acuerda en el ejercicio del ius puniendi del Estado, y que, por tanto, no serían aplicables las exigencias de motivación. programa de maestrÍa en derecho artÍculo cientÍfico previo a la obtenciÓn del grado acadÉmico de magÍster en derecho administrativo tema: la afectaciÓn a la validez de los actos administrativos por la falta de motivaciÓn autor: ab. To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser. Luego, la Constitución Política de 1991 le dio un rango constitucional a los mismos, incluyéndolos como principios propios de la función administrativa. En este orden de ideas, en primer lugar, se identificará las características esenciales de las prácticas que se enmarcan en una buena administración, dentro de las que se encuentran el deber de las autoridades de motivar sus decisiones, la publicidad de estas, su transparencia y las condiciones formales y materiales, que permitan su eventual contradicción (1). ¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias! No todos los ciudadanos ni responsables de empresas tienen conocimientos jurídicos, por lo que contar con el trabajo de un abogado facilitará la anulación. El presente trabajo busca mostrar la importancia de predicar un carácter de suficiencia9-10 en la motivación de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades discrecionales, puesto que más allá de ser un simple requisito formal la Administración pública -para efectos de garantizar prácticas de una buena administración-, debe exponer de manera exhaustiva, clara y razonable las razones y motivos que soportan su decisión. Ponente: Fecha: 29/06/2007 Para Rodríguez de Santiago, hay varias tipologías de dirección normativa de la actividad administrativa, existiendo en unos casos -más que en otros- una mayor densidad de esa dirección por el derecho. » La importancia de la motivación radica en que, como el propio TEAC recoge en la resolución anterior, « es a través de la motivación como se debe llegar a la conclusión . 7 de la ley 19.549. Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Esrar Ekimi, Kullanımı ve Kaçakçılığı, The dispute settlement mechanism in International Agricultural Trade. Para así explicar por qué razón, ante esta clase de decisiones, la Administración tiene el deber de motivar, en unos escenarios con mayor exigencia que en otros y pueda exigirse en el curso de la construcción de tal decisión, o en un escenario posterior. Esto, puesto que de su exigencia se generan grandes beneficios: mayores garantías procesales para los ciudadanos que deseen conocer los fundamentos y razones de la adopción de una decisión de la Administración y que el juez, en el eventual escenario que realice un control, pueda identificar criterios para decidir sobre la validez del acto administrativo65 -como tradicionalmente se ha concebido-, pero también su eficacia para la consecución de prácticas que permitan buenas prácticas administrativas66. Incluso, a partir del fenómeno de la constitucionalización del Derecho Administrativo 4, hoy día, en materia de procedimiento administrativo -parte especial del Derecho Administrativo-, se estudia, con particular esmero, la motivación de las resoluciones administrativas como un componente más del contenido esencial del derecho fundamental . Cuando recibimos el inicio de un expediente sancionador, lo primero es comprobar el tipo de infracción por el que se nos quiere sancionar. Teorías de la argumentación jurídica, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2005. ABSTRACT:
Recurso: 411/2011, Orden: Administrativo Lo anterior se traduce en la inclusión de un esquema más garantista para los destinatarios de los actos administrativos proferidos por la Administración33, en el desarrollo de aquellos servicios públicos que presta o en las actuaciones que emprende en el ejercicio cotidiano de la función administrativa. Ramón Leal, Alberto. "La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Fecha: 19/01/2012 es necesario verificar: (i) la existencia de un acto administrativo que esté motivado, pues de lo contrario, se estaría frente a una causal de anulación distinta, la de falta de motivación y (ii) la evidencia de divergencia entre la realidad fáctica o jurídica que induce a la expedición del acto y los motivos de hecho o de derecho que la • La necesidad de la motivación abarca tanto al aspecto jurídico como a la determinación de los hechos que se estiman acreditados. Se entiende que la indefensión es un concepto relativo, cuya valoración exige colocarse en una perspectiva dinámica o funcional, es decir, en una perspectiva que permita contemplar el procedimiento en su conjunto y el acto final como resultado de la integración de trámites y actuaciones de distinta clase y procedencia, en los que el particular va teniendo oportunidades sucesivas de defenderse y de poner de relieve a la Administración sus puntos de vista. Se trata de las posibilidades y alternativas que tiene en su conocimiento la autoridad administrativa, las cuales no deben resultar indiferentes para ella. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel. Casetta, Elio. De igual manera, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre de 2000, en su artículo 41, mencionó el derecho a la buena administración23. A pesar de lo anterior, si bien se trata de colectivos que consagran una desvinculación cuyo origen es la voluntad de la autoridad administrativa (decisión discrecional), no puede fundamentarse en cualquier voluntad, sino en aquella que se encuentre subordinada "a la existencia de condiciones que desmejoran el servicio" (requisito ineludible de validez), es decir, condiciones cuya constatación se deja en manos de un órgano diferenciado, el cual deberá conceptualizar o recomendar la permanencia o desvinculación81. Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.. En cuanto a la forma del acto administrativo habrá que estar a los requisitos que al respecto establece el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de . Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales”. Recurso: 42/2007, Orden: Administrativo La práctica habitual de Hacienda es que, tras una liquidación provisional, envía al ciudadano un acuerdo de inicio de expediente sancionador. Rodríguez de Santiago, José María. However, the Colombian Public Administration not always justifies decisions made by means of its discretionary powers and, when it does, it does not provide enough reasons for a particular outcome. 1. La indefensión es un concepto procesal referido a aquella actuación de los tribunales que produce una quiebra del derecho fundamental a la defensa cuando se actúa ante ellos. La motivación es una garantía constitucional que forma parte del contenido del derecho a la defensa que no puede ser excluida, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es un organismo encargado de precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, a través del dictamen de medidas de protección, su procedimiento administrativo se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; el problema se da cuando las resoluciones que emiten los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos no son debidamente motivadas, pues cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del proceso. Si la resolución del expediente sancionador nos impone la sanción, todavía podemos presentar un recurso de reposición. Estudios de jurisprudencia y doctrina de tribunales administrativos sobre la motivación en la contratación. 21/2012. Al estar incursos en el siglo de la buena administración -tal como menciona Cassese14-, ha permitido concebir la buena administración como un derecho15 en cabeza de los ciudadanos, mediante el cual los faculta para exigir determinado deber de comportamiento por las autoridades públicas16. Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias, Madrid: Tecnos , 1993. Asimismo, cuestiona la proporcionalidad de la sanción, alegando que no constan datos negativos que la justifiquen. Por tanto, el control por el juez administrativo es uno de los escenarios donde cobra mayor relevancia la motivación de las decisiones de la administración, puesto que es el medio a través del cual se transmite una información al juez cuando realiza el control jurídico. Droit Administratif, 18.ª ed., Paris: Dalloz, 2000. Sentencia: 25/2012 Por lo que concluye estimando la demanda de amparo. [Consultado el 12 de agosto de 2018]. En esa evolución pendular, el Consejo de Estado señaló, en un primer momento, que los motivos de la decisión del acto administrativo que ordena el retiro de un agente no deben expresarse "en virtud de la presunción de legalidad que ostenta" este y por tal razón, es al demandante quien le compete demostrar la desviación del poder78. Tradicionalmente, se ha concebido que las actividades discrecionales de la Administración pública se encuentran sustraídas del control judicial, en aplicación rigurosa y estricta del principio de separación de poderes69, puesto que los jueces no pueden evaluar la oportunidad de las decisiones de la Administración. Sanchez Ugena, Joaquin Puede consultar la sentencia completa en www.casosreales.es Marginal nº 70082619, Para intervenir las comunicaciones telefónicas tras un “chivatazo” debe haber una investigación corroboradora previa, La denegación del derecho a la justicia gratuita por ser un litigador frecuente es inconstitucional, Fallece Mariano Baena del Alcázar, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Las subvenciones para rehabilitar la vivienda no tributan como ganancia patrimonial en el caso de los pensionistas, Administrativando Abogados ficha a Cristina Huéscar, Punto y seguido para la sección de derecho público impulsada por Administrativando Abogados, Administrativando Abogados y la Asociación Internacional de Policía sellan un acuerdo de colaboración, El Supremo declara que no posible subsanar la omisión del procedimiento de evaluación ambiental. Keywords: Good Administration, Discretionary Powers, Administrative Procedure, Judicial Review, Decision-Making Process. Cuando de un procedimiento administrativo se trata, la indefensión que la Administración pueda irrogar a un administrado no tiene relevancia constitucional excepción hecha del procedimiento sancionador. Sentencia de primera instancia Atienza, Manuel. Barnes, Javier. En el ámbito de los procedimientos administrativos, la infracción de normas procedimentales puede dar lugar: ¿Qué establece el Tribunal Constitucional? Rovira Y Del Canto, Maria Del Pilar El énfasis en los aspectos procedimentales tiene por objetivo realizar un acercamiento a los vehículos jurídicos a través de los cuales la Administración pública se vale para el ejercicio de toma de decisiones. 19, n.° 1-99-120, junio de 2010. Administrative Procedure in EC Law, Oxford: Hart Publishing, 1999. También Uríos y Alamillo consideran que la omisión de motivación (en los términos expuestos) representa un vicio de invalidez de las decisiones administrativas automatizadas (ob.cit., p.94). Tampoco, en puridad, puede invocarse tal precepto constitucional a propósito de la actuación de los tribunales económico-administrativos pues tal vía constituye un verdadero procedimiento administrativo. I.2. Mientras que el anterior Código Administrativo solo la exigía para una de las clases de acto administrativo58, la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en su artículo 42 en cuanto al contenido de la decisión, señaló que todas las decisiones serán motivadas59-60, y al eliminar el carácter de sumario de dicha motivación, se evidencia una mayor exigencia en cuanto a su realización. ¿A qué supuestos puede dar lugar la indefensión administrativa? LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO PRINCIPIO Y COMO DERECHO DE LOS DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES. Otra opción es no alegar nada, pues hay que recordar que el artículo 24 de la Constitución permite que nadie declare contra sí mismo en un procedimiento sancionador. Tatuajes en la Guardia Civil: estado de la cuestión desde 2022. 21, pp. Droit Administratif, t. 1, 12.ª ed., Paris: Presses Universitaires de France, 1992. Recurso: 227/2011, Orden: Administrativo "El procedimiento administrativo en el orden global", en H. Pozo, D. Halperin, O. Aguilar, F. Juan Lima y A. Canosa, El procedimiento administrativo en el tiempo y en el espacio: una perspectiva histórica y comparada, t. I, Buenos Aires: Editorial la Ley, 2012. II, Buenos Aires: Abeledo Perrot -Pontificia Universidad Javeriana, 2009. Sentencia: 290/2016 Éléments fondamentaux de droit administratif, Schaerbeek: École Régionale d'Administration Publique, 2011. De hecho, la eliminación legislativa de la motivación sumaria o sucinta, nos permite constatar que cada vez más resulta obligatorio para la Administración pública justificar y fundamentar el contenido de sus decisiones cuando desarrollan facultades discrecionales. De Bellmont Y Mora, Jose Antes de entrar en las consecuencias de la falta de motivación sería oportuno establecer algunas precisiones acerca de la invalidez de los actos administrativos y sus clases. 1.1 de la ce) y con el carácter vinculante que para las administraciones públicas tiene la ley, a cuyo imperio están sometidas en el ejercicio de sus potestades (arts. jÁcome ordÓÑez marÍa del carmen, mg dr. Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Tradicionalmente, la existencia de una potestad discrecional para numerosos autores se ha considerado como una multiplicidad de elecciones que tiene la Administración para la aplicación del caso que conoce. Actualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado -como lo estudiaremos más adelante- que existen algunas ocasiones donde la Administración se exime del deber de motivar sus decisiones en ejercicio de potestades discrecionales, como, por ejemplo, las ordenes de retiro expedidas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario7-8. 153-178, 2019, Recibido del documento revisado: 30 Agosto 2018. En la plaza que salía a concurso, el Congreso de los Diputados en vía de recurso administrativo decidió, ante la falta de motivación de la valoración inicial, recabar informes ampliatorios sobre las razones que fundamentasen la calificación otorgada. Deber de buena administración y el derecho al procedimiento administrativo debido. ... 67 8.1.1. Lo mismo cabe decir del procedimiento en materia de defensa de la competencia, salvo para los sancionadores y caso diferente es el Tribunal de Cuentas, que ejerce una verdadera jurisdicción ex Constitutione (artículo 136.2 CE). dibujar los límites del ilícito administrativo. 3. Así, el objetivo fundamental de la exposición de razones en la toma de decisión por una autoridad administrativa es la apreciación del acto con los fines propios del ordenamiento jurídico, y evitar así la desviación de poder62. La construcción de la decisión administrativa, cuando se deriva del ejercicio de potestades discrecionales, comporta un ejercicio mucho más comprometido en el proceso de escogencia entre la pluralidad de posibles soluciones. El derecho fundamental a una buena administración, Madrid: MAP - INAP, 2004. Para este recurso sí es necesario abogado. I, 13.ª ed., Madrid: Tecnos, 2002. Principios de derecho administrativo general I, 2.ª ed., Madrid: Iustel, 2009. La distinción entre actos reglados y discrecionales permitiría afirmar, en principio -contrario de lo exigido para los primeros-, que la expedición de actos discrecionales es más exigente en su motivación. Ponce Solé, Juli. II.- Consecuencias de la falta de motivación . No.252-2022-Pleno/TACP de 5 de diciembre de 2022 (Decisión)Falta de motivación, debido proceso,derecho de defensa Leonel Rodríguez 2022-12-28T10:09:12-05:00 19 de diciembre de 2022 | Resoluciones | Abogado inscrito en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). "La motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales", en Enrique M. Alonso, El control de la actividad estatal: discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buenos Aires: Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2016. Rodríguez-Arana, Jaime. En concreto no son estrictamente sancionadores: Respecto del procedimiento sancionador en sentido estricto, del análisis de su regulación en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de la indefensión se deduce lo siguiente: El pliego de cargos surte los efectos de lo que en el procedimiento no sancionador son los trámites de audiencia y vista en cuanto que, notificado, posibilita alegar en el pliego de descargos, así como proponer la práctica de pruebas. Metodología del derecho administrativo: reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa. Tales instrumentos jurídicos permitieron la creación de una figura denominada ombudsman o médiateur como fuente esencial para la consolidación de un Código Europeo de Buena Conducta Administrativa (2001). Derecho administrativo, vol. Waline, Marcel. Cassagne, Juan Carlos. Tribunal: TSJ Andalucia Falta de motivación o incongruencia omisiva. La presente investigación busca mostrar que la motivación de los actos administrativos va más allá de un simple requisito formal, por lo que esta se impone como una herramienta para la materialización de las prácticas que eviten la arbitrariedad y una mala administración. Gil Saez, Jose Maria 2.1. Se advierte que del acto administrativo cuestionado no surgen los motivos por los cuales la administración dispuso el congelamiento del beneficio oportunamente ortorgado, y por ende no se ajusta a las exigencias establecidas en el art. 9, n. 1, 2013. Consulte los distintos conceptos a través de nuestros esquemas organizados por materia. Sin esta explicación de la culpabilidad, que en el lenguaje técnico-jurídico se conoce como falta de motivación, la sanción no se puede imponer. Art. En principio, como regla general, no basta con referir exclusivamente la expresión numérica otorgada a cada aspirante, principalmente si estos últimos han solicitado la revisión de su valoración. Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, Estrasburgo, 1997. "Judicial Review of European Administrative Procedure", Public Law, n.° 49, 2004. La motivación de los actos administrativos ha ido evolucionando hasta el punto de que actualmente ya no se concibe como un mero elemento formal del acto, sino como una manifestación del derecho a la buena Administración. También estamos disponibles en el teléfono +34.644.678.136 y en el correo, La falta de motivación de las sanciones de Hacienda produce su nulidad, Sanciones de Hacienda por deducciones de IVA, La clave: Hacienda no motiva la culpabilidad o negligencia del ciudadano, Alegaciones al acuerdo sancionador y recursos, La última posibilidad: el recurso contencioso-administrativo. "La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder", Pensamiento Constitucional, año XVI, n.° 16, 2013. La falta de motivación se da al momento de tomar una decisión, el Juez no señala los motivos que tuvo para hacerlo, es decir, no realiza una justificación de las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar esa decisión. La diferencia radicará, por lo tanto, en que omitiendo la posibilidad de alegar y ser oído, alguien puede resultar perjudicado en un procedimiento sin habérsele dado la oportunidad de defenderse, mientras que en el caso de la omisión de la información pública lo que se cuestionará será el ejercicio por parte de los destinatarios de un derecho de participación en determinados asuntos públicos, tal y como ocurre, por ejemplo, en el trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales. Núm. Por lo tanto, en aquellos casos en los que se coarte el ejercicio de derechos constitucionales, la gravedad del acto administrativo deberá tener una especial causación que deberá explicarse para que los destinatarios conozcan las razones “por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó” siendo la motivación en tales casos “un riguroso requisito”. Tribunal: TSJ Castilla-La Mancha Duran Martínez, Augusto. El Derecho argentino. Pues bien, en relación a la prohibición de indefensión -que ahora sí tiene trascendencia constitucional- esa comunidad de principios viene matizada no sólo porque en su actuar la Administración sirva con objetividad a los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución) sino también, por ejemplo, porque también son aplicables las reglas antes expuestas sobre los diferentes grados de intensidad de los vicios procedimentales, de forma que también en materia sancionadora habrá irregularidades no invalidantes, a lo que debe añadirse, por ejemplo, el principio de presunción de validez de los actos administrativos o excepcionales puntuales como, y también es otro por ejemplo, las reglas sobre acusación. Rincón Córdoba, Jorge Iván. El déficit de una norma general procedimental en el Derecho Administrativo Europeo. 24 CE por no tener carácter sancionador, el deber de motivación del art. This paper argues in favor of a strict and substantial mandate for the Public Administration to justify its discretionary decisions as a tool to avoid arbitrariness and bad administration standards. En Italia, la jurisprudencia del Consejo de Estado consideraba que debían motivarse tanto los actos que afectaban a los administrados como los de contenido general, incluyendo los actos denominados "discrecionales"54. En estos casos su omisión no irroga indefensión, sino la mera omisión de un trámite -esencial o no es ya otro problema- procedimental. artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 25.1 de la Constitución española, artículo 5.4 Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sentencia del Tribunal Constitucional 42/1989, artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 557 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 18.2 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, artículo 35 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1979, artículo 45.2 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. En este evento, y ante la ausencia de cualquier elemento del texto normativo, le corresponde a la Administración pública la concreción de los mismos, por lo que, en ejercicio de tal potestad discrecional, puede tomar una decisión. Tornos Mas, Joaquín. Núm. En algunas ocasiones, el poder discrecional de la Administración pública se ha equiparado a actuaciones arbitrarias o actuaciones que no responden propiamente al cumplimiento de intereses generales44. El principio de buon andamento12 de la Administración pública ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas por el derecho administrativo como subsistema, atribuyéndole el carácter de principio orientador del procedimiento administrativo que tiene por finalidad proteger las garantías jurídicas de cualquier persona ante las decisiones de la Administración. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. This not only prevent individuals and private entities from challenging administrative decisions, but it also renders more difficult judicial review by the administrative-contentious judge. Recurso: 1812/2009, Orden: Administrativo no ostenta, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, una … Discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, El control de la actividad estatal: discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buen gobierno y derechos humanos: nuevas perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la Administración pública en el Perú, Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias, Tecniche normative e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione: dalla Corte Costituzionale un nuovo impulso per preservare la certezza del diritto, Deber de buena administración y el derecho al procedimiento administrativo debido, Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Derecho administrativo laboral: Empleo público, sistema de carrera administrativa y derecho a la estabilidad laboral, Metodología del derecho administrativo: reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, Principios de derecho administrativo general I, Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, El derecho fundamental a una buena administración, Good Administration as a Fundamental Right. Por tanto, cualquier justificación de un acto discrecional, tal como lo vimos en el caso de órdenes de retiro, no pueden fundamentarse en un acto de autoridad, ya que esto dificultaría el derecho de contradicción de los destinatarios de la decisión, y posteriormente, el control judicial que realizaría el juez administrativo. 12: n.° 2, article 10, 2005. II.1.- Motivación del acto administrativo: concepto y nalidad. Delpiazzo, Carlos E. Derecho administrativo uruguayo, México: Universidad Nacional Autonomía de México, 2005. 12 de Septiembre de 2016 A la luz del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 del 1984), que consagra la acción de nulidad para impugnar los actos administrativos cuando se encuentren viciados de nulidad, se encuentra la falsa motivación del acto. "Motivación del acto administrativo y buena administración", Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, vol. Lo anterior permitiría que ante el margen de apreciación que da lugar el ejercicio de potestades discrecionales pueda analizarse el contexto específico sobre el objeto a decidir67. Sorry, preview is currently unavailable. En Francia, la Ley 79-587, del 11 de julio de 1979, exigió la motivación de decisiones que solo afectaran a terceros, mientras que los actos de alcance general o los reglamentos no necesitaban de motivación52. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Valladolid: Lex Nova, 2001. Por tanto, si existe una exigencia de motivación de los actos administrativos reglados, con mayor razón los actos administrativos discrecionales deben estar suficientemente motivados, lo cual prescinde de la motivación sucinta o sumaria que alguna vez hizo mención el anterior Código Contencioso Administrativo. VIII-P-SS-92. Falta de. La invalidez puede definirse como una "situación patológica del acto administrativo", caracterizada por la falta o . Para García de Enterría y Fernández Rodríguez, la discrecionalidad "es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos"48. Recurso: 586/2015, Orden: Administrativo Recurso: 947/2005, Orden: Administrativo You can download the paper by clicking the button above. En fechas recientes se han publicado dos entradas muy interesantes que tienen como eje la prueba en el procedimiento administrativo, por un lado en el blog del abogado Diego Gomez se desarrollaba la cuestión de las limitaciones y prohibiciones probatorias en fase de recurso administrativo . Este es utilizado precisamente para identificar un mal ejercicio en la función administrativa28, cuando hay signos de arbitrariedad en el proceso de toma de decisión de una potestad discrecional29. Discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2016. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad. ¿En qué consiste el delito de deslealtad militar? la falta de motivación, que no es equiparable a la "falsa motivación", es la omisión de motivar el acto administrativo imputable a la autoridad que lo profiere, lo cual constituye un vicio de procedimiento, y, por ende, una causal de nulidad por expedición irregular del acto, mientras que la "falsa motivación" supone que sí hubo motivación, pero … Afirmar lo contrario conduciría correlativamente a aceptar que cualquier exposición de razones serían válidas como motivación de un acto administrativo y no la más adecuada, ni la más idónea. No obstante, para efectos de garantizar prácticas para una buena administración, los actos administrativos que ordenan el retiro -en nuestro juicio- no deberían estar exentos de motivación, ni aceptarse en su expedición una simple motivación sucinta o sumaria. No obstante, también podría considerarse que el control judicial tiene un efecto preventivo en el ejercicio de motivación de la administración, al saber que eventualmente sus decisiones serán objeto de control. ), Procedimiento administrativo, t. I, Aspectos generales en el procedimiento administrativo. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El acto huérfano de motivación puede incurrir en un vicio de anulabilidad, pero también en una mera irregularidad no invalidante, ahora bien, el deslinde de ambos supuestos se ha de hacer indagando si realmente ha existido una ignorancia de los motivos que fundan la actuación administrativa y si, por tanto, se ha producido o no la indefensión del administrado. Tribunal: TSJ Andalucia Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido expresamente el deber de motivación de hecho y de derecho en todas las resoluciones judiciales, en todas las instancias, tal disposición la encontramos en el inciso 5 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú [2], en el numeral 6 del artículo 50º y el numeral 4 del artículo 122º . Ello coincide esencialmente en los avances y garantías propios de un Estado de derecho, pues las actuaciones de todas las autoridades públicas deben ir acompañadas de un incremento cuantitativo (en cuanto a la exigencia del deber de motivar las decisiones) y cualitativo (exposición suficiente de razones que fundamentan la motivación del acto administrativo en concreto)83. Lo anterior, resulta una muestra del ejercicio del poder decisorio al momento de la expedición de una orden de retiro, puesto que por más que dicha desvinculación se derive de la voluntad de la autoridad, no significa que sea una causal eximente para motivar exhaustivamente su decisión. En concreto, el demandante de amparo aduce que no se tuvieron en cuenta las alegaciones que formuló en el procedimiento administrativo acerca de sus circunstancias personales y de arraigo, en particular, el tiempo de residencia en España del interesado, los vínculos con el país, la inexistencia de antecedentes en España, el hecho de que en el momento en que se dictó la resolución tenía dos hijos escolarizados en un colegio público y que tenía un negocio propio desde el 2008. Como lo veremos a continuación, el deber de motivar de manera suficiente las decisiones tomadas en el ejercicio de potestades discrecionales tiene una serie de limitaciones al momento de su construcción, como, por ejemplo, los principios que abarcan el ordenamiento jurídico, límites internos de directivas de funcionamiento de las mismas autoridades administrativas, la experiencia y experticia de los mismos funcionarios que pretender expedir un acto administrativo y los precedentes jurisprudenciales expedidos anteriormente por los jueces, además de la ponderación existentes en cada caso en concreto. CONCLUSIÓN. En conclusión, el poder de cualquier órgano tiene que justificarse en forma mucho más exigente. La motivación del acto administrativo es la expresión concreta de la causa o motivo del mismo 1, es decir, En un primer momento, tras la realización de una interpretación sistemática del articulado del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, se ha concluido que de allí se deriva el principio de buena administración (good administration)21, el cual se aplica a la actividad administrativa de cada uno de los Estados de la Unión Europea. III. Esta cuestión es aplicable a cualquier tipo de infracción tributaria por la que se pueda abrir un expediente sancionador, tanto para personas físicas como para empresas. Tratado de derecho administrativo, vol. sumArio: I. El fundamento de la motivación. a. Manuale di Diritto Amministrativo, 10.ª ed., Milano: Giuffré, 2008. Este criterio concede eficacia subsanadora no solo a las sucesivas oportunidades de intervención que a lo largo de la vía previa administrativa se da al administrado especialmente mediante la posibilidad de recurrir en alzada y, en su caso, reposición, sino también a la propia vía jurisdiccional en sí y sus trámites como, por ejemplo, la puesta de manifiesto del expediente remitido por la Administración para formular su demanda. Interpretación que podría tomarse en próximas ocasiones para un avance en el alcance y contenido que ha realizado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en esta materia. La exigencia de la motivación de los actos administrativos no ha sido uniforme en la experiencia jurídica de otros países51. [email protected] +34 644 678 136. Schwarze, Jurgen. Suscripción a la Biblioteca Jurídica Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. Ponente: En consecuencia, toda decisión exige correlativamente la exposición de explicaciones y justificaciones robustas por quien las profiere, puesto que "el derecho debe estar sometido a la razón y no a la autoridad de quien emana el derecho"85. El presente estudio tiene como objetivo determinar como la actuación de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Azogues dentro del proceso administrativo de medidas de protección vulneran el debido proceso. En resumen, habrá falta de motivación cuando hay ausencia de motivos o los que se expresan son insuficiente, incongruentes, o carentes de razonabilidad, ocasionando la ausencia de un elemento esencial del Acto Administrativo, pudiendo entonces el afectado, instar por su invalidación. Así, una buena administración hace especial referencia a un principio que hace contrapeso al poder discrecional, utilizado -en algunas ocasiones- de manera abusiva por la Administración pública13. En algún momento, este tribunal mencionó de igual forma que cuando un agente se encontrara próximo a un ascenso, no podía ordenar su desvinculación; por tanto, en el caso de hacerlo sí tenía el deber de motivar los actos que ordenan el retiro80. Entonces, una vez se reconoce la buena administración como un principio vinculante para las autoridades administrativas, o como derecho para los destinatarios de los actos administrativos, será más fácil identificar la ocurrencia de conductas que no promuevan la transparencia, publicidad, motivación, confianza, seguridad jurídica y certeza entre otras características de la decisión administrativa30. La motivación del acto administrativo61 tiene entonces por objeto exteriorizar el íter de lógico y argumentativo que llevó al funcionario, a partir de una dirección normativa finalista, a tomar una decisión. De la lucha contra las inmunidades del poder a la batalla por un buen gobierno y una buena administración mediante un dialogo fructífero", Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, n.° 11, enero-junio, 2014. La motivación del acto administrativo, Buenos Aires: Depalma, 1998. Principios de derecho administrativo general 1. VI. Santos Gomez, Jose En un segundo momento, una vez ya considerado como parámetro de guía de las actuaciones de las instituciones del poder público de los países miembros, fue el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea25 el instrumento jurídico a través del cual, en su artículo 296, se señaló que los actos jurídicos deberán ser motivados cuando se haga referencia a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los tratados que vinculan a los Estados. Parejo Alfonso, Luciano, Antonio Jiménez Blanco y Luis Ortega Álvarez. "Los principios de buen gobierno en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano", en Alberto Castro, Buen gobierno y derechos humanos: nuevas perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la Administración pública en el Perú, Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos - Pontificia Universidad Católica de Perú, 2014. 2.2. Silencio administrativo. Dejar esta cookies activas nos permite mejorar nuestra web y atenderte mejor.
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